En las últimas semanas ha subido notablemente la tensión social. El largo paro del sector judicial, la huelga de los corteros de caña de azúcar, las protestas de ciertas comunidades indígenas y la jornada de cese de actividades de los empleados del sector público, confirman un deterioro del clima laboral del país.

En una sociedad con una débil cultura de negociación, es normal que se presenten este tipo de brotes de tensión. Nos falta madurez para abordar las diferencias que son normales e inevitables en la actividad económica y productiva. Es evidente que el país adolece de una verdadera política de concertación.   Nada es más triste que las tradicionales negociaciones de fin de año para fijar el salario mínimo. De antemano se sabe que no hay voluntad de llegar a un acuerdo y que las sesiones serán interminables discusiones cuyo uno objeto es dar declaraciones a la prensa.

No hemos entendido que el clima social es una variable fundamental de la competitividad del país. A los sindicatos únicamente les interesa obtener beneficios de corto plazo para sus adherentes. No les importa si sus peticiones terminan vulnerando la estabilidad financiera de la empresa y su capacidad de enfrentar la competencia. La discusión no se hace sobre los temas estratégicos como la productividad y la innovación. Poco se habla sobre capacitación e incremento del talento humano. Nos quedamos en lo mínimo: el salario, las primas, los beneficios extra-legales y la protección de fuero sindical.

Para competir un país requiere un elevado nivel de consenso social. Es necesario un acuerdo nacional que garantice estabilidad en las normas que rigen las relaciones laborales. Los inversionistas valoran en extremo este tipo de marcos de referencia que brindan seguridad a las partes, reducen la tensión sindical, facilitan la planeación y permiten distribuir de manera más eficiente los resultados del crecimiento económico.

La agitación social es el peor síntoma de la ausencia de verdaderos consensos sociales.